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A dos años de la Nueva Ley de Riesgos de Trabajo: ¿cuál es su verdadero alcance hoy?

Nueva Ley de Riesgos de Trabajo

Con una adhesión dispar según las provincias, la ley se propuso reducir la litigiosidad laboral y facilitar la atención a los trabajadores. En esta nota hacemos un balance de sus logros y deudas pendientes. 

La Ley 27.348 fue sancionada en febrero de 2017 en medio de intensas polémicas, pero con un objetivo claro: disminuir la litigiosidad laboral en nuestro país y su impacto en los costos empresariales. El procedimiento clave para ello fue la obligación de acudir a las comisiones médicas jurisdiccionales antes de iniciar acciones judiciales por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. Para las aseguradoras de riesgos de trabajo, esto significó una rápida detección de fraudes y una disminución en la carga administrativa de su actividad. Para las empresas, hubo un traslado favorable en la baja de la alícuota promedio del sistema, que bajó un 14,5%, representando un ahorro global de $13.000 millones en un año y medio. Los únicos disconformes son los sindicatos y asociaciones de trabajadores, que perciben aquí una desprotección de sus afiliados y, eventualmente, una disminución de sus expectativas de resarcimiento económico, al verse obligados a optar entre un entendimiento extrajudicial o un juicio laboral extremadamente largo.

El primer balance del funcionamiento de la ley fue muy positivo, según lo presentó la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). Algunas cifras son muy elocuentes: reducción de la litigiosidad del 34%, baja de alícuotas del 14,5 % y un nivel de alcance, por adhesión de las provincias, del 85%.

Este último dato es la clave para entender los límites que la Ley 27.348 tiene en la actualidad: al ser de carácter nacional, cada provincia, individualmente, debe adherir y reglamentarla para que entre en vigencia en su territorio. Hasta el momento, 18 provincias adhirieron o están en vías de adhesión, aunque son muchas menos las que la reglamentaron. Por otro lado,  La Rioja, La Pampa, Santa Cruz, San Luis y Santiago del Estero no han adherido ni han manifestado voluntad de hacerlo, limitando de este modo el alcance jurisdiccional de la nueva legislación.


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