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A dos años de la Nueva Ley de Riesgos de Trabajo: ¿cuál es su verdadero alcance hoy?

Nueva Ley de Riesgos de Trabajo

Con una adhesión dispar según las provincias, la ley se propuso reducir la litigiosidad laboral y facilitar la atención a los trabajadores. En esta nota hacemos un balance de sus logros y deudas pendientes.            

La Ley 27.348 fue sancionada en febrero de 2017 en medio de intensas polémicas, pero con un objetivo claro: disminuir la litigiosidad laboral en nuestro país y su impacto en los costos empresariales. El procedimiento clave para ello fue la obligación de acudir a las comisiones médicas jurisdiccionales antes de iniciar acciones judiciales por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. Para las aseguradoras de riesgos de trabajo, esto significó una rápida detección de fraudes y una disminución en la carga administrativa de su actividad. Para las empresas, hubo un traslado favorable en la baja de la alícuota promedio del sistema, que bajó un 14,5%, representando un ahorro global de $13.000 millones en un año y medio. Los únicos disconformes son los sindicatos y asociaciones de trabajadores, que perciben aquí una desprotección de sus afiliados y, eventualmente, una disminución de sus expectativas de resarcimiento económico, al verse obligados a optar entre un entendimiento extrajudicial o un juicio laboral extremadamente largo.

El primer balance del funcionamiento de la ley fue muy positivo, según lo presentó la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). Algunas cifras son muy elocuentes: reducción de la litigiosidad del 34%, baja de alícuotas del 14,5 % y un nivel de alcance, por adhesión de las provincias, del 85%.

Este último dato es la clave para entender los límites que la Ley 27.348 tiene en la actualidad: al ser de carácter nacional, cada provincia, individualmente, debe adherir y reglamentarla para que entre en vigencia en su territorio. Hasta el momento, 18 provincias adhirieron o están en vías de adhesión, aunque son muchas menos las que la reglamentaron. Por otro lado,  La Rioja, La Pampa, Santa Cruz, Santa Fe, San Luis y Santiago del Estero no han adherido ni han manifestado voluntad de hacerlo, limitando de este modo el alcance jurisdiccional de la nueva legislación.

En el gobierno aumenta la presión   para lograr la adhesión de la Pcia. de Santa Fe, por su enorme importancia en la economía y el sistema de riesgos del trabajo de nuestro país: representa el 8% del Producto Bruto Interno de nuestro país y es una de las tres principales economías provinciales. Sin embargo, el costo laboral sigue siendo allí muy alto: mientras que en el resto del país descendió la litigiosidad laboral, en Santa Fe aumentó en un 14%; y frente a una alícuota promedio nacional del 2,84% de la masa salarial, en esta provincia asciende al 3,84%.

De allí que la adhesión de Santa Fe sea una de las principales deudas de la nueva ley de riesgos del trabajo, con la cual podría alcanzar una cobertura cercana al 90% de la fuerza laboral en nuestro país.


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