La Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) presentó datos sobre accidentes laborales y enfermedades profesionales en Argentina, como primera actividad del Observatorio Argentino de Salud y Seguridad en el Trabajo.
La Superintendencia de Riesgos de Trabajo creó en el mes de septiembre un Observatorio destinado a reunir y analizar el gran volumen de información que recibe todos los días sobre salud y seguridad en el trabajo. Su objetivo no será solamente generar datos para la propia SRT, sino también comunicarlos y difundirlos, de manera que las organizaciones puedan conocer la situación de su sector y definir estrategias de prevención específicas.
Instrumentos como este son de una importancia central para el desarrollo de un sistema de información nacional y regional en salud y seguridad en el trabajo, un sistema que ya se había anunciado en la resolución 905/15 aunque había quedado en suspenso. En una investigación reciente de Rp./Salud y el CONICET sobre las causas del ausentismo laboral encontramos que los rubros Industria, Servicios y Estado presentan panoramas muy diferentes. En el caso de la industria, por ejemplo, el principal motivo de licencia médica es por traumatología y politraumatismos, que reúnen un 25%. En el caso del rubro servicios, en cambio, la principal afección sufrida por los trabajadores son trastornos gastrointestinales, que suman un 20%, debidos probablemente a situaciones de estrés en relación con el público. En el caso del Estado, en cambio, la gripe es la principal causa de licencia, con un 28%. Esto significa que cada rubro tiene riesgos propios, que dependen de las características de la actividad y, en consecuencia, necesitan de medidas de prevención específicas. Así, las industrias necesitan mejorar el equipamiento y los procesos mecánicos, con riesgos físicos, mientras que en el campo de los servicios deben mejorarse las condiciones de comunicación y gestión de conflictos. Finalmente, en el caso del Estado, parece necesaria una política de prevención de la gripe, principalmente por medio de la vacunación, por el alto grado de interacción con potenciales agentes de contagio. Este tipo de información permitiría a las organizaciones ahorrar costos en términos de licencias empleadas y producción no realizada.
En un reciente informe estadístico, la SRT presentó información sobre litigiosidad en nuestro país, actualizada al año 2015.
Entre 2010 y 2016 se iniciaron 623.235 nuevos juicios laborales en nuestro país, lo que representa un aumento del 121%. 6 de cada 10 de estos juicios no fueron resueltos todavía, representando un pasivo de 5000 millones de dólares.
Las regiones con mayor tasa de juicios son Santa Fe, con 24 juicios cada 1000 trabajadores registrados, Ciudad de Buenos Aires, con 20,3 juicios cada 1000, y Mendoza, con 19,1. Las provincias con menor tasa de litigiosidad, en cambio, son Santa Cruz (0,2 juicios cada 1000 trabajadores registrados), La Rioja (0,4 cada 1000) y Catamarca (0,5).
Un dato interesante es el de la tasa de siniestros que van a juicio después de notificados, es decir, de denuncias realizadas a las ART que luego fueron judicializadas. En este caso, la mayor proporción se produce en la Ciudad de Buenos Aires, en la cual un tercio (344,3 por mil) de los accidentes notificados llegaron a juicio, seguidos por Santa Fe (247,9 por mil) y Mendoza (205,4). En cambio, Santa Cruz (3,5 cada mil), La Rioja (5,5) y Catamarca (8,9) son las provincias en las cuales la tasa es menor.
Esta información se complementa con los datos sobre la tasa de juicios laborales en relación al tamaño de la empresa. Previsiblemente, las organizaciones de menor tamaño son las que menos juicios deben enfrentar: aquellas que tienen un empleado o dos sumaron unas 18.700 denuncias en los últimos seis años. Las que más denuncias recibieron, en cambio, no fueron las más grandes, sino las medianas: aquellas que tienen entre 101 y 500 trabajadores recibieron 137.965 denuncias. Las más grandes, en cambio, se encuentran en tercer lugar, con 66.467 denuncias acumuladas.
En términos de rubros, los más litigiosos son las Manufacturas (que reúnen el 29,26% de los juicios de los últimos seis años), los Servicios Sociales (21,67) y el Transporte (13,56%). Los menos afectados, por otra parte, fueron la Minería (0,42%), la electricidad (0,52%) y la Agricultura (3,08%). Esta información es llamativa, puesto que las actividades consideradas más riesgosas son las que menos juicios realizan, probablemente porque en ellas existe una política más activa de prevención de accidentes de trabajo. También se trata de sectores en los cuales puede haber una alta tasa de informalidad y, en consecuencia, más accidentes de los denunciados.
Un dato preocupante, tanto para los trabajadores como para las organizaciones, es la creciente acumulación de juicios sin resolver en el ámbito laboral, que ha crecido de manera constante de 52.752 en el año 2010 hasta alcanzar los 120.205 en el año 2016.
El valor de esta información, que comenzará a estar cada vez más disponible, depende del uso que los actores involucrados hagan de ella. Para el Estado, se trata de un indicador de la necesidad de reformar y simplificar el funcionamiento de la Justicia laboral en la Argentina, además de un llamado de atención sobre las condiciones de trabajo en las que se desarrollan las actividades. Queda fuera, sin embargo, el 30% de trabajadores no registrados de nuestro país además de gran cantidad de afecciones, especialmente en el campo de la salud mental, no cubierta por el sistema.
Para las organizaciones, en cambio, resulta fundamental pensar en la prevención como política activa de condiciones laborales y recursos humanos, sumando al costo laboral los costos por litigiosidad previsibles según la región, la actividad y el tamaño de la empresa.