El 4 de julio pasado se aprobó la “Ley
Justina”, que convierte a todas las personas en donantes presuntos salvo
expresa constancia de lo contrario. A dos meses de su sanción, todavía se
discute cómo será reglamentada.
Conocida como ley Justina, en recuerdo de la
nena de 12 años que murió esperando un trasplante de corazón en 2017, se aprobó
por unanimidad en julio, aunque despertó polémicas desde su debate. La ley
27.447 dispone que todas las personas mayores de 18 años sean donantes de
órganos o tejidos a menos que hubieran dejado expresa constancia de lo
contrario.
La ley despertó polémica por parte de aquellos
que la veían como una intromisión del Estado en los derechos de las familias
sobre el cuerpo de sus seres queridos fallecidos. En efecto, para aquellos que
no se hubieran negado, en vida, a ser donantes, la ley preveía una conversación
con sus familiares, pero no dejaba en sus manos la decisión de disponer de sus
órganos. Esta objeción no ha sido, hasta ahora, subsanada, y muchos opositores
a la ley esperan poder intervenir en el proceso de reglamentación para evitar
la obligatoriedad de la donación por parte de quienes no se hubieran negado
explícitamente a hacerlo.
En la provincia de Mendoza se reunieron el mes
pasado autoridades sanitarias nacionales, representantes de ONGs, sociedades
científicas y organismos provinciales para discutir en el Encuentro Nacional
sobre Donación de Órganos y Tejidos las posibles vías de reglamentación de la
ley Justina.
Aunque se espera que la polémica continúe, la
ley aparece como una solución viable e inmediata para cientos de pacientes que
integran la lista de espera del INCUCAI.