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Nuevo protocolo de acción para el aborto no punible

Nuevo protocolo de Interrupción Legal del Embarazo

Se publicó en el Boletín Oficial un nuevo protocolo de Interrupción Legal del Embarazo. Te contamos qué es y por qué despertó tanta polémica.

Una de las novedades del año en cuanto a salud pública es la oficialización de un nuevo protocolo para la Interrupción Legal del Embarazo (ILE). El mes de diciembre de 2019 estuvo marcado por una polémica que signó el devenir de este protocolo de acción, impugnado por el gobierno saliente de Mauricio Macri y aprobado por la nueva administración a cargo de Alberto Fernández.

¿En qué consiste el nuevo protocolo? Las modificaciones a la reglamentación que estaba vigente desde 2015 responden a las recomendaciones que la Organización Mundial de la Salud (OMS) apuntó para evitar riesgos en abortos, y a algunas disposiciones del Código Civil y Comercial aprobado en 2015.

Estos cambios en el protocolo de ILE no solo se orientan a actualizar el uso de medicamentos en el tratamiento, sino que también apuntan al cuidado de la salud, porque incluye los riesgos físicos y emocionales como causales para el acceso al aborto legal. En tal sentido, destaca el peligro de las prácticas ilegales para la persona gestante. Según se explica en el sitio de la OMS, los abortos peligrosos son aquellos que se realizan cuando “una persona carente de la capacitación necesaria pone fin a un embarazo, o se hace en un entorno que no cumple las normas médicas mínimas, o cuando se combinan ambas circunstancias”. La institución aclara que los factores que pueden conducir a abortos peligrosos son, entre otros:

      Legislación restrictiva

      Objeción de conciencia del personal sanitario

   Requisitos innecesarios, como períodos de espera obligatorios, autorización de terceros, pruebas médicas innecesarias que retrasan la atención, información engañosa, etc.

      Estigmatización

      Poca disponibilidad de servicios

 

En esta línea, el protocolo publicado el último diciembre en el Boletín Oficial establece cambios cruciales con respecto a la disposición aprobada en Argentina en 2015. En primer lugar, determina que la objeción de conciencia es individual y que todos los servicios de salud deben prestar la práctica ILE. Esto significa que una institución no puede negarse a practicar el aborto en situaciones de riesgo para la persona gestante.

Otro cambio sustancial es que el plazo entre la solicitud de ILE y la práctica médica no debe exceder los diez días corridos. Este lineamiento apunta a evitar requisitos innecesarios, cuestionados por la OMS, y a garantizar la práctica en tiempo y forma. El nuevo protocolo, además, elimina el requerimiento de autorización de terceros, estableciendo que cualquier persona tiene el derecho de pedir autónomamente el acceso a la ILE.

A su vez, los servicios de salud tienen la obligación de informar sobre el derecho a la práctica del aborto. Esto es central en cuanto a la información que se provee a personas embarazadas. Siguiendo el nuevo Código Civil, el protocolo determina que si se trata de niñas o adolescentes es necesario que ellas brinden su consentimiento para realizar la práctica del aborto y que el personal de salud debe brindarles “información completa y en lenguaje accesible” sobre su derecho a ILE, según detalló Télam.

Por último, el protocolo ahora vigente establece que se debe respetar la confidencialidad de la historia clínica de cada paciente. 


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